El Parlamento de El Salvador, controlado por el oficialismo, aprobó reformas a la ley contra el crimen organizado para incrementar las sentencias a los cabecillas de las pandillas o maras, que pasarán de 45 a 60 años de prisión. Además, se estableció que los procesos penales se harán por estructura delictiva y no por casos individuales.
La medida, que contó con 67 votos a favor y 17 en contra, busca agilizar la justicia y evitar que los miembros de estas organizaciones criminales salgan en libertad. Según el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, hay más de 71 mil personas detenidas en El Salvador bajo el régimen de excepción.
Sin embargo, algunos diputados de oposición y organizaciones humanitarias criticaron la reforma y advirtieron que podría vulnerar el debido proceso y los derechos humanos de los presos. Según un informe reciente, entre marzo de 2022 y junio de 2023 se registraron más de 13 mil violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de excepción, siendo la detención arbitraria la más denunciada.
El presidente Nayib Bukele ha hecho de la lucha contra las pandillas una de sus prioridades y ha implementado medidas duras para combatirlas. Sin embargo, también ha sido cuestionado por su autoritarismo y su confrontación con otros poderes del Estado.
