La Cámara de Diputados de Chile aprobó este miércoles una reforma constitucional para que los afiliados a las AFP retiren hasta el 10% de sus fondos previsionales durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe vigente por la pandemia de coronavirus. Ahora la ley tiene que ser vista por el Senado.
La iniciativa contó con 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones, y en los próximos días será debatida en el Senado, donde necesitará la aprobación de las tres quintas partes de la Cámara para prosperar.
El proyecto no cuenta con el apoyo del Gobierno, que considera que esta iniciativa impide que se acometa una reforma estructural del sistema de pensiones, y está generando una crisis política en el seno del oficialismo, además de una agitación ciudadana, que anoche mostró su respaldo a la reforma con un masivo cacerolazo, evento que derivó en algunos actos violentos durante la madrugada.
Chile vivió una sucesión de hechos violentos antes de una votación el miércoles en la que los diputados decidirán si millones de chilenos pueden retirar el 10% de sus ahorros de pensiones para mitigar la complicada situación económica desatada por la pandemia del nuevo coronavirus.
El gobierno del presidente Sebastián Piñera anunció la víspera un paquete de medidas para aliviar a la clase media con miras a convencer a los diputados oficialistas de que rechacen la iniciativa de la oposición de centroizquierda.
El sistema de pensiones de Chile fue impuesto hace 40 años por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) y se basa en la capitalización del ahorro individual, que entrega bajas jubilaciones a la inmensa mayoría de los chilenos.
Los actos violentos fueron precedidos por llamados en las redes sociales a presionar para que los diputados den el visto bueno al proyecto que, de ser aprobado, propinaría un golpe al sistema que mantiene 200.000 millones de dólares del ahorro de los chilenos que, por ley, no pueden retirar antes de pensionarse. Se estima que se podrían sacar unos 20.000 millones de dólares.
La policía informó que hubo ataques contra seis cuarteles policiales, saqueos e intentos de robo a varios supermercados y la quema de una veintena de vehículos particulares en una automotora de la capital chilena, además de decenas de barricadas. También hubo ataques en algunas ciudades del interior.
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dijo que “lo que preocupa no es la votación” sino “esta violencia que busca amedrentar el proceso democrático”.
La oposición y algunos sectores oficialistas critican lo que estiman una demorada e insuficiente ayuda ofrecida a la empobrecida clase media, lo que llevó a 13 diputados del partido del gobierno a apoyar el proyecto de reforma constitucional para permitir que los chilenos retiren el 10% de sus ahorros de jubilación sin ningún requisito.
La oposición rechaza el paquete ofrecido por Piñera porque estima que se traducirá en nuevas deudas para la clase media, a la que pertenece en torno del 60% de los 18 millones de chilenos. Sin embargo, varios economistas son contrarios al proyecto de retiro de ahorros porque opinan que las ya bajas pensiones se verán afectadas si se retira parte de los fondos.
Los empresarios, al igual que el gobierno, han desplegado una fuerte campaña contra el proyecto y advirtieron que, de aprobarse, afectará el ahorro nacional y el valor de los activos en que están invertidos parte de los fondos de pensiones.
La Fundación Sol, dedicada al análisis previsional, afirmó que los grandes grupos económicos chilenos reciben poco más de 100.000 millones de dólares en inversiones provenientes de los ahorros de pensiones de los chilenos.
Al tratarse de una reforma de la carta magna la oposición necesita 93 votos para que sea aprobada en la Cámara de Diputados y pase al Senado. Pero sólo cuenta con 83, por lo que necesita de los votos del oficialismo. Si el proyecto es rechazado, no podrá volver a tratado.
Presionado por sus filas Piñera mejoró la víspera un paquete de ayuda para los sectores medios que ganaban antes de la pandemia entre 630 y 1.900 dólares y que han perdido al menos un 30% de sus ingresos; un bono de 600 dólares, préstamos sin intereses por hasta 2.460 dólares a pagar en cuatro años, la postergación de los vencimientos de los créditos para la vivienda, subsidios para los arriendos y créditos para pagar la universidad.
Fuente: AP / EFE
