El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha ordenado la transferencia de fondos de pensiones del país a una entidad estatal como medida para evitar su colapso financiero debido a la crisis económica.
Sin embargo, esta decisión ha generado preocupaciones y críticas por parte de la oposición y analistas económicos, quienes temen que esta medida pueda ser utilizada para fines políticos y sospechan de posibles negocios «oscuros». Arce ha defendido la decisión y ha asegurado que la medida es necesaria para proteger los ahorros de los ciudadanos y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
El gobierno boliviano de Luis Arce se enfrenta a graves problemas políticos y económicos. La economía del país está en números rojos, con un déficit en las cuentas públicas que alcanza nuevos récords, una creciente inflación y protestas diarias por aumentos salariales que no llegan.
Ante la falta de financiamiento, el gobierno ha recurrido a emitir Bonos Soberanos a largo plazo con tasas de interés a las AFP, y ha vendido bonos del tesoro boliviano a las AFP. Ahora, según consignan medios locales, Arce ha decidido recurrir a los fondos de pensiones administrados por dos administradoras de fondos de pensión privadas en manos de BBVA y Zurich, lo que ha generado controversia y preocupación.
Y es que Arce ha tomado la decisión de estatizar completamente los fondos de pensiones del país, lo que ha generado preocupación entre algunos observadores que temen que se utilicen para financiar «proyectos cuestionables».
Cabe mencionar que el mandatario boliviano firmó un contrato con una empresa colombiana por 11 millones de dólares durante una época de disturbios políticos en Bolivia, lo que generó sospechas de corrupción. El contrato fue congelado durante la presidencia interina de Jeanine Añez, pero ha sido retomado ahora que Arce ha asumido el poder.
Algunos temen que el gobierno utilice los fondos de pensiones para financiar gastos corrientes y proyectos de infraestructura, en violación de la ley. Además, hay preocupación por el manejo discrecional de las pensiones, ya que el gobierno ha rechazado la realización de un nuevo censo que podría depurar el padrón y eliminar a los beneficiarios fallecidos.
