El Ministerio de Justicia de Argentina informó, mediante un comunicado en sus redes sociales, que el Gobierno de Javier Milei «detendrá los pagos» de las indemnizaciones que perciben las víctimas de terrorismo de Estado.
El ministro argentino, Mariano Cúneo Libarona, dispuso efectuar «una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado» durante la última dictadura militar (1976-1983), debido al hallazgo de «distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago».
Cúneo Libarona agregó también: «Se articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan y perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado».
El documento citó como ejemplo de irregularidad la causa abierta a Adrián Martínez Moreira, quien fue procesado en 2023 como organizador de una asociación criminal dedicada a falsificar pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad y expedientes de reclamaciones de reparación, además de otros delitos.
Las compensaciones económicas concedidas por el Estado a las víctimas de la dictadura se incluyen en varias leyes nacionales promulgadas entre 1991 y 2013. Tanto el presidente de Argentina, Javier Milei, como la vicepresidenta, Victoria Villarruel, han negado en varias ocasiones que haya 30 000 desaparecidos durante la dictadura.
