El sistema de jubilaciones chileno, emblema del modelo económico neoliberal heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), ha hecho que a la población se manifieste y exprese su rechazo a percibir pensiones inferiores al salario mínimo, personas lo califican como “¡un robo!», “¡una estafa!”, «¡nefasto!” al sistema de pensiones actual.
Creado en plena dictadura en 1981, el sistema de pensiones de Chile fue el primero en el mundo en apostar por una capitalización totalmente individualizada, atrayendo la atención de la Escuela de Chicago que entonces veía cristalizadas en este país sus teorías económicas neoliberales.
Cuando terminó el sistema de reparto anterior, la reforma elaborada por José Piñera, entonces ministro de Trabajo de Augusto Pinochet y hermano del actual presidente Sebastián Piñera, obligó a los trabajadores a aportar el 10% de sus salarios a cuentas gestionadas por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), organismos privados encargados de hacer crecer estas bolsas.
Pero 40 años después de que se introdujeron estas administradoras, aún demora en llegar la promesa de proporcionar a cada pensionado un mínimo del 70% de su salario gracias a un aumento exponencial de sus ahorros durante su carrera profesional.
El sistema no prevé ninguna contribución de los empleadores ni del Estado para que los más pobres reciban una pensión mínima. En 2008, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-11, 2014-1018), se estableció una pensión básica para quienes no tienen derecho a pensión en ningún régimen previsional y que integren un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población, según informa la agencia AFP.
“Retiro sin dinero”
Mientras el 10% de sus salarios es restado cada mes, sin contar las comisiones por la gestión de las administradoras que los chilenos consideran exorbitantes, los trabajadores están escandalizados por la repartición de las ganancias generadas por las inversiones de mayor y menor riesgo que realizan las AFP.
Otra de las quejas de la población es la imposibilidad de retirar estos ahorros personales en caso de una situación de fuerza mayor, mientras que la educación y la salud, que se encuentran principalmente en el sector privado, tienen costos altos.
“Cuando uno quiere retirar su plata para una inversión, para comprar una casa, para curar una enfermedad, le ponen mil de obstáculos. Al principio, dicen que es la plata de usted, es una mentira”, señala Jaime Giménez Alabi, de 63 años a la agencia extranjera.
Con una tasa de reinversión extremadamente baja, en un contexto de mercado de trabajo muy flexible, la mayoría de los chilenos retirados reciben pensiones menores al salario mínimo (301 mil pesos, uno 418 dólares).
Muchos de ellos se ven obligados ha aceptar trabajos como conserjes o cajeros en los supermercados para sobrevivir.
Hace un año, el presidente conservador Piñera propuso en el Congreso una reforma, aún en debate, que prevé una contribución del 4% de parte de los empleadores. Un intento previo de reforma, impulsado por Bachelet durante su segundo mandato, fue obstaculizado por la derecha opositora y el sector patronal.
Presionado contra la pared por el estallido social que sacude al país desde hace una semana, el mandatario anunció, entre otras medidas sociales, un aumento del 20% a la pensión mínima de vejez.
