El Poder Judicial condenó al gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, a 4 años y 8 meses de prisión efectiva por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo por el caso del saneamiento de La Oroya.
En la tarde de este lunes, la jueza Susan Carrera del Quinto Juzgado Anticorrupción de Junín halló responsable a la autoridad regional, quien también deberá pagar una S/850 000 por reparación civil en un plazo máximo de seis meses.
Vladimir Cerrón es sentenciado
En la sentencia contra Vladimir Cerrón, y otros tres exfuncionarios, se ordena también su inhabilitación para ejercer cargo público por el plazo de un año. También su ubicación y captura inmediata para su posterior internamiento en el penal de Huancayo.
Esto impedirá que postule nuevamente a cargo de elección popular, por haber cometido el ilícito mientras fue servidor público, tal y como lo establece el artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones (N° 30717).
Condenado Henry López
También fue sentenciado el alcalde de Huancayo, Henry López Catorin, quien ocupó el cargo de gerente general en el gobierno regional liderado por Cerrón.
La decisión judicial alcanzó a los exfuncionarios Carlos Mayta Valdez y Juan Sulca Yauyo. Todos fueron encontrados responsables de beneficiar a la empresa encargada de saneamiento de La Oroya.
Las defensas de los sentenciados anunciaron que apelarán a la decisión; sin embargo, mientras dura el proceso continuarán bajo prisión efectiva. En las próximas horas la Policía Nacional procedería con la detención de los sentenciados.
Caso La Oroya
En abril del presente año, el Juzgado Anticorrupción de Junín inició el juicio contra Cerrón y los implicados en el caso del saneamiento de La Oroya, obra que hasta el momento continúa paralizada.
La Fiscalía los encontró responsables de conciliar ilegalmente y entregar valorizaciones indebidas hasta por 850 000 soles al consorcio de construcción Altiplano, durante la primera gestión de Cerrón en el 2011.
El Poder Judicial les dio la razón. Cerrón y López sustentaban que se trató de una conciliación que fue ejecutada por el procurador del gobierno regional, por lo que está de acuerdo a ley.
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