El Tribunal Constitucional (TC) anuló la condena de tres años y seis meses de prisión efectiva contra Vladimir Cerrón, por el caso del Aeródromo Wanka.
El TC declaró fundada, por mayoría, la demanda de habeas corpus a favor de Cerrón Rojas, y en consecuencia, anuló la sentencia del 6 de octubre de 2023, por lo cual la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Junín debe emitir una nueva resolución.
Los magistrados Helder Domínguez Haro (vicepresidente), Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse y Pedro Hernández Chávez votaron a favor de declarar fundada la demanda de habeas corpus, mientras que Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich votaron por declararla improcedente.
«Si bien a la justicia constitucional no le compete determinar en qué momento se consuma el delito, o explicar su tipología según su ejecución, pero en tanto se ha determinado que la justicia ordinaria ha obviado pronunciarse sobre esto al resolver, lo que implica una clara vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, corresponde amparar la demanda, ordenando que la Sala Superior, emita una nueva resolución conforme a lo desarrollado en esta sentencia», precisa el documento del TC.
El 6 de octubre del año pasado, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Junín confirmó la sentencia que encontró responsabilidad penal a Vladimir Cerrón en calidad de autor de la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión y le impuso tres años y seis meses de pena privativa de la libertad efectiva.
Tras emitirse la condena en su contra, el líder de Perú Libre pasó a la clandestinidad y se mantiene prófugo de la justicia desde esa fecha.
La sentencia contra Vladimir Cerrón tiene que ver con su gestión como gobernador regional de Junín. Se le halló responsable de haber concertado para la admisión, evaluación, adjudicación directa y suscripción del contrato para la construcción, administración y operación del Aeródromo Regional Wanka en los distritos de Sicaya–Huancayo y Orcotuna–Concepción.
Según las investigaciones, el contrato se realizó omitiendo los pronunciamientos de la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y trasgrediendo la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas, pues lo hicieron sin realizar la consulta pertinente al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y sin contar con la autorización de la Autoridad Aeronáutica Civil.
Además, modificaron la autosostenibilidad del proyecto, situación que afectó la transparencia y legalidad del mismo, que puso en riesgo el uso de recursos públicos para hacer rentable un proyecto que, desde el momento de su propuesta, resultaba sostenible.
