La Contraloría de la República estimó en 23 mil 297 millones de soles la pérdida del Estado por corrupción e inconducta funcional en el 2019. El monto, resultado del estudio “Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú”, es una aproximación a partir de pérdidas detectadas en informes de control realizados en el 2019 sobre acciones efectuadas en años anteriores.
Los sectores con mayores pérdidas por corrupción e inconducta funcional son Transportes y Comunicaciones (25%), Salud (16,2%) y Educación (15,6%), según este estudio. Las regiones donde se dieron los mayores perjuicios económicos, sea del gobierno nacional, gobiernos regionales y municipales, fueron Lima (10 mil 359 millones de soles), Callao (mil 132 millones) y Piura (mil 39 millones), según este cálculo.
Les siguen Arequipa (966 millones), Áncash (804 millones), Cusco (768 millones), Junín (712 millones), Lambayeque (705 millones), Puno (666 millones), Cajamarca (656 millones) y La Libertad (600 millones).
Luego aparecen Ayacucho (493 millones de soles), Loreto (476 millones), San Martín (463 millones), Huancavelica (438 millones), Ucayali (408 millones), Apurímac (396 millones), Huánuco (391 millones), Ica (357 millones), Pasco (320 millones), Amazonas (311 millones) y Tacna (277 millones). Al final, están las regiones de Moquegua (234 millones de soles), Tumbes (181 millones) y Madre de Dios (133 millones).
El contralor Nelson Shack resaltó que estos montos son “una aproximación” y que no se responsabilizaba a las autoridades actuales porque la información de la cual se partió se refiere a acciones dadas antes del 2019.
En el tema de gasto, el mayor perjuicio se dio en el gobierno nacional, con 13 mil 670 millones 737 mil 714 soles. A nivel subnacional (gobiernos regionales y locales) la pérdida es de 9 mil 626 millones 298 mil 968 soles.
En proporción, las mayores pérdidas están en gobiernos subnacionales (regionales y municipales) del Callao (25%), Lambayeque (21%), Pasco (20%), Ucayali (18%) y Huancavelica (18,5%) y Arequipa (18,2%).
Bajo nivel. La Contraloría resaltó en su estudio que en el 2019, de las 3.631 entidades estatales obligadas a reportar declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de funcionarios, solo lo hicieron 622 (17%).
