El pleno del Congreso aprobó acusar constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Con 59 votos favor, 23 en contra y 3 abstenciones, la representación parlamentaria decidió dar luz verde a la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, el pleno del Congreso decidió aprobar el informe final de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo.
La fiscalía señala a Pedro Castillo como el presunto cabecilla de una organización criminal que se habría enquistado en los más altos niveles del aparato estatal, en especial en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento -dirigiendo irregularmente proyectos- el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) -mediante licitaciones concertadas en Provías Descentralizado – y en Petro-Perú.
El exmandatario decidió no brindar sus descargos en la sesión, argumentando, a través de su abogado Eduardo Pachas, que quería una participación presencial.
Según el Reglamento del Congreso, se requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso (50), sin contar con los integrantes de la Comisión Permanente, que aprobó el informe final.
Finalmente, la Representación Nacional aprobó las acusaciones constitucionales contra los exministros Juan Silva (87 votos a favor) y Geiner Alvarado (80 votos a favor).
